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Red Internacional

Reproducimos el pronunciamiento de distintos colectivos feministas y organizaciones en el que denuncian que el Albergue Integral para Mujeres Víctimas de Violencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp) notificó a Andrea, mujer víctima de violencia, y a sus cuatro hijos, para que desalojen el albergue. Además, denunciamos que no le permitieron efectuar libremente su reclamo en el acto realizado por el alcalde Iván Arias, y fue posteriormente amedrentada por estas instancias.

Sábado 12 de marzo | 18:26 | Edición del día
Foto: Andrea reclamando al alcalde Iván Arias por el trato en el albergue en un acto de la alcaldia

Desde Pan y Rosas, denunciamos que esta es la situación de cientos de mujeres víctimas de violencia que a la par de enfrentar un calvario en búsqueda de justicia, desde el inicio, al tratar de denunciar, se ven en la necesidad de buscar dónde vivir para no seguir con sus agresores. Además, este caso, devela la precariedad de las respuestas gubernamentales frente a esta situación. El panorama empeora si tomamos en cuenta que son más de 40.000 denuncias de violencia machista al año y que cada año es menor el presupuesto asignado en el departamento de La Paz. Por ejemplo, el año 2018 fue asignado menos del 0,36% del presupuesto departamental y año tras año va en decrecimiento.

A la par de denunciar que a los distintos niveles gubernamentales no les interesa la vida de las mujeres y nos dejan expuestas a la violencia patriarcal y capitalista, exigimos y luchamos por la implementación de medidas que den respuestas efectivas, como ser la aplicación de un Plan de Emergencia Nacional contra la violencia machista que consista en:

• Construcción de refugios y centros de acogida para mujeres víctimas de violencia machista e hijos, hijas y/o personas dependientes
• Planes de vivienda y la implementación de créditos para vivienda con tasa cero de interés
• Establecimiento de estipendios no menores al costo de la canasta básica
• Que sea responsabilidad estatal la inserción/re-inserción laboral con un salario no menor al costo de la canasta familiar
• Que se implementen licencias para las mujeres víctimas de violencia machista y que se prohíba su despido

Estas son algunas medidas básicas que deberían ser contempladas para empezar a enfrentar una situación crítica frente a los cada vez más casos de violencia contra las mujeres. La responsabilidad es del Estado y de los gobiernos de turno que, de manera sistemática, argumentan la “falta de presupuesto” como imposibilidad para mínimamente financiar planes serios y reales de construcción de casas de acogida y viviendas para todas las mujeres que no tengan dónde ir. Sabemos que esto es falso, porque los recursos existen. Estos están en manos de los grandes negocios de la agroindustria, en los bancos y también en los aparatos represivos del Estado. Por eso, si bien sumamos a este pronunciamiento para que no se deje sin respuesta a Andrea, sabemos que necesitamos ir por más. Y eso lo conseguiremos desarrollando el ejemplo que vimos este 8 de marzo en las calles: acumular fuerzas para imponer desde abajo nuestras demandas.




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