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Red Internacional

En el marco de la causa por los crímenes cometidos entre 1975 y 1977 en la Subzona 1.4 del Ejército en La Pampa, fueron condenados el exoficial de inteligencia militar y exjefe de la Policía de La Pampa, Luis Enrique Baraldini, a 18 años de prisión y el expolicía Carlos Reinhart a 12 años. Las fechas en las que fueron cometidos los crímenes dejan ver una vez más la responsabilidad del gobierno de Isabel Perón en la represión previa al golpe de 1976.

Miércoles 4 de mayo | Edición del día
Foto: Plan B Noticias

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa compuesto por Pablo Díaz Lacava, José Triputti y Marcos Aguerrido, consideró a los hechos juzgados como constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 1° de julio a las 12 hs.

La fiscalía integrada por Iara Silvestre, Miguel Palazzani y Federico Iparraguirre, habían calificado los delitos como genocidio y solicitaron penas de entre 22 y 25 años de prisión.

El Tribunal consideró que Luis Baraldini, condenado a 18 años, es coautor mediato de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público reiterado en cinco ocasiones; por privación ilegal de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, y con una duración mayor a un mes en un hecho; por imposición de tormentos en un hecho; y por abuso deshonesto con acceso carnal reiterado en dos oportunidades.

En el momento de los hechos que transcurrieron entre el 28 de octubre de 1975 y el 24 de marzo de 1976, Baraldini actúo en el Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 como Oficial de Inteligencia del Estado Mayor General de esa unidad, y luego como jefe de la Policía de la Provincia de La Pampa, hasta noviembre de 1979.

El otro condenado a 12 años de prisión, Carlos Reinhart, quien fue oficial ayudante de la Policía de La Pampa en la Seccional Primera y en la Brigada de Investigaciones, fue considerado coautor mediato de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, y con una duración mayor a un mes en un hecho; por imposición de tormentos en un hecho; y como autor del delito de abuso sexual deshonesto con acceso carnal en un hecho.

El juicio comenzó en abril del 2021, y el trascurso del tiempo garantizado por el poder político y judicial, hizo que quedaran impunes otros responsables. Es el caso de Roberto Oscar Fiorucci, quien cumplía la función de jefe de Informaciones del Grupo de Trabajo de la Subzona 1.4, apartado de la causa por incapacidad sobreviniente.

Otros casos son el el de Jorge Omar De Bartolo, exoficial de Logística S-4 e integrante de la Plana Mayor de la Subzona 1.4, que falleció y para quien la fiscalíahabía pedido una condena a 25 años de prisión; Humberto Riffaldi, exjefe del Departamento Informaciones de la Policía provincial; Néstor Omar Greppi, exsecretario general de la Gobernación (de facto); y el exmayor y jefe de la Sección Operaciones del Destacamento 101, Gerardo José Jáuregui, quien murió después de formulado el requerimiento de elevación a juicio y antes de las audiencias.

A 46 años del golpe genocida, el 75% de los condenados goza del beneficio de la prisión domiciliaria, a pesar de los delitos aberrantes cometidos. Durante todos los gobiernos se han dilatado las causas, y muchos de los genocidas tanto militares, como de las fuerzas de seguridad y civiles han muerto impunes. La lucha por el juicio a todos los responsables del genocidio es una tarea fundamental del presente.




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