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Red Internacional

Latinoamérica. Ecuador: Lasso amplió el estado de excepción mientras crecen las movilizaciones contra sus políticas

Este lunes se cumplió el octavo día de movilizaciones, con el arribo a la ciudad de Quito de miles de manifestantes, sobre todo del movimiento indígena. Las medidas de lucha se mantienen a pesar del nuevo decreto de estado de excepción y el avance represivo del gobierno de Lasso.

Lunes 20 de junio | Edición del día

A pesar del impacto de las medidas de control y represión, hasta hoy y de conjunto, ni el estado de excepción dictaminado para las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, que este lunes por la tarde Guillermo Lasso amplió por decreto 459, a tres provincias más: Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, ni el allanamiento y ocupación policial de la Casa de la Cultura del Ecuador, ni la detención de casi 50 manifestantes, ni tampoco los falsos llamados al diálogo por parte del Gobierno nacional, han logrado frenar la movilización de 14 de las 24 provincias del país.

Durante el día miles de Indígenas y campesinos, sobre todo desde la Sierra Centro y Norte, emprendieron la marcha hacia Quito y llegaron hasta las entradas de la ciudad. Luego se fueron sumando colectivos de estudiantes y pequeños comerciantes. Los diarios ecuatorianos hablan de la ciudad de Quito convertida ahora en el epicentro de la protesta.

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Hace más de una semana, se vienen desarrollando distintas medidas de lucha contra el aumento del combustible, la reducción del presupuesto de salud y educación, la estafa del sistema bancario contra quienes por necesidad tuvieron que endeudarse por los niveles de pobreza, a pesar de la relativa recuperación económica y todas las medidas de ajuste propias del sometimiento que dicta el FMI al país llevadas adelante por el gobierno neoliberal y representante de la banca.

El decreto 455 (ahora derogado y cambiado por el 459) de estado de excepción, llegó de forma escandalosa a hablar de controlar el internet y el flujo de información -cuestión sobre la que el gobierno tuvo que retroceder- . El nuevo decreto ordena -al igual que el anterior- el uso progresivo de la fuerza, que incluye la fuerza letal.

Este lunes, a cuatro días de haberse decretado la prohibición de concentraciones y de habilitar la coordinación del ejército en las calles junto a la Policía Nacional, con una importante avanzada represiva que ya dejó cerca de 50 heridos, la oposición institucional de la Asamblea Nacional, por pedido de 72 de los 137 legisladores, se disponía a discutir el levantamiento del primer decreto, cuestión que quedó sin sentido, una vez conocido el 459.

La intención de la oposición era bajar el estado de excepción para habilitar una mesa de diálogo entre la CONAIE y otras organizaciones con el Gobierno. El mismo rol que jugó en el 2019 con la intención de desmovilizar.

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El acuerdo derechista para mantener el estado de excepción

El Partido Social Cristiano (PSC) y la Izquierda Democrática, que vienen jugando de opositores al gobierno, cerraron filas y anunciaron que no apoyarían la derogación del decreto, haciéndose eco de la línea oficialista represiva de mano dura. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri (PSC) habló directamente de cercar la ciudad con ayuda de inteligencia del ejército, mientras que el alcalde de Quito estaba tramitando una medida cautelar para impedir que la Asamblea votara la derogación.

Por su parte, la UNES (coalición del ex presidente Rafael Correa) y Pachakutik apoyan levantar la excepción y la convocatoria a una mesa de diálogo, sin embargo, cabe recordar que fue la UNES, y con críticas, uno de los sectores del propio Pachakutik, quienes apoyaron en su momento, la ley de Uso Progresivo de la Fuerza que presentó el oficialismo para fortalecer el aparato represivo, bajo pretexto de la violencia en las cárceles.

Un llamado a dialogar, con represión en las calles

En medio de la crisis por el enorme descontento social contra las medidas de ajuste, los llamados al diálogo por parte del gobierno, solo ratifican el cinismo de quien ofrece medidas parciales que no responden a la cuestión profunda, mientras reprime en las calles, saluda con honores a los militares en el día del padre, (con todo el simbolismo que implica que el propio presidente se vista de camuflaje) y anunciar casi al mismo tiempo un nuevo decreto (el 457) de precarización laboral, donde se eliminan los viáticos para los trabajadores y se limitan las contrataciones (abriendo las puertas a nuevos despidos), entre otras medidas de recorte al sector público.

En este marco, un sector de los partidos de la Asamblea Nacional tuvo que responder (con bastante tiempo de demora), a una cuestión básica de libertades democráticas, presionados por la denuncia constante de los manifestantes sobre la escalada represiva y de avanzada contra el derecho a la protesta, pero al mismo tiempo, buscan de fondo descomprimir las manifestaciones con un “llamado a mesas de diálogo”, donde se ofrece a la Asamblea como “mediadora” de la crisis, pero un “llamado al diálogo” en medio de las condiciones de represión, con los nuevos ataques del Gobierno Nacional y que busque sacar a los manifestantes de las calles, solo constituye una farsa y la consolidación del ajuste que Lasso busca aplicar.

Las demandas de las y los trabajadores y los sectores populares tienen que triunfar

Por el momento la CONAIE declaró que si hay diálogo, no va a ser retirándose de las calles, usando las movilizaciones como presión in extremis, pero es fundamental la alerta al conjunto de los manifestantes, trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales y sindicales (que como dijimos llegaron por miles a Quito, donde está la sede del gobierno), frente a los intentos de contener y disolver las manifestaciones.

El miércoles 22 está convocada una movilización nacional de organizaciones sociales y de trabajadores, que se sumarán a las manifestaciones que en varias provincias está protagonizando el movimiento indígena. La ampliación del estado de excepción también busca anticiparse a eso.

En las calles se viene mostrando que hay fuerzas para poder enfrentar el programa político del gobierno de Lasso, del empresariado ecuatoriano y el FMI y que triunfen las demandas de los trabajadores y los sectores populares, que no están dispuestos a que esta crisis se descargue nuevamente sobre sus espaldas.


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