SEMANARIO

La invasión reaccionaria. Críticas feministas al punitivismo en el abordaje de las violencias de género en los movimientos sociales

Por las revistas: Laura Macaya Andrés

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Ilustración Clara-Iris Ramos para Catarsi

La invasión reaccionaria. Críticas feministas al punitivismo en el abordaje de las violencias de género en los movimientos sociales

Laura Macaya Andrés

Ideas de Izquierda

Presentamos tres artículos de "De lo personal a lo político", el monográfico N.º 5 de la revista catalana Catarsi del otoño-invierno (septentrional) 2021. Los artículos seleccionados, inéditos en castellano, abordan el debate sobre la perspectiva materialista de la cuestión de género (Laia Jubany), contra el punitivismo dentro de los movimientos sociales transformadores (Laura Macaya Andrés) y sobre la relación entre la lucha por la emancipación de las mujeres y el socialismo (Andrea D’Atri).

El punitivismo es un ingrediente esencial del giro securitario neoliberal. Pensar en estrategias de superación desde los movimientos de base implica rechazar instituciones reaccionarias y las subjetividades que producen.

"La política y los métodos que hoy escogemos para combatir la violencia patriarcal, la forma en que proponemos castigar, controlar, punir o resolver los hechos de los que son víctimas las mujeres en esta sociedad capitalista-patriarcal no pueden estar en oposición con la sociedad futura que anhelamos y por la que luchamos" (Andrea D’Atri).

Una de las mejores cosas que ha hecho el feminismo ha sido evidenciar el carácter estructural de las violencias de género sufridas no solo por las mujeres, sino también por las personas disidentes de las normativas de género. El feminismo ha desarrollado la idea de que la misma existencia de dos géneros normativos responde a las necesidades de la reproducción social que, en el marco de la división sexual del trabajo, resulta imprescindible para el mantenimiento de la economía política capitalista. En más, determinados feminismos han señalado que el incumplimiento de las normativas de género asignadas a hombres y mujeres favorece los castigos hacia las personas infractoras en forma de discriminación, explotación, privaciones o violencias de género. Todo esto ha contribuido a señalar las estructuras patriarcales, capitalistas y racistas como cómplices de estas violencias. Por tanto, si estos marcos teóricos y políticos nos han aportado tanta complejidad, yo me pregunto: ¿por qué conformarnos con reproducir configuraciones políticas que no se corresponden con esta potencia feminista que ha servido para desnaturalizar y poner luz sobre las causas estructurales que ¿nos generan precariedad y sufrimiento?

En el presente artículo me propongo aportar algunas reflexiones en torno al que Wendy Brown ha denominado como "determinados proyectos políticos bienintencionados y posiciones teóricas contemporáneas que redibujan inadvertidamente las mismas configuraciones y efectos del poder que pretenden derrotar". En concreto, cómo algunas propuestas y análisis feministas no solo resultan poco eficientes para acabar con el heterosexismo y la violencia de género, sino que reproducen lógicas y prácticas punitivas y, con ello, favorecen la pervivencia de los sistemas de control neoliberales y las subjetividades normativas por respecto al género.

El aumento del punitivismo ha sido un elemento indispensable en el desarrollo de las políticas neoliberales, con el fin de compensar la inseguridad producida por la precariedad social y económica y la destrucción de los vínculos comunitarios después del desmantelamiento de los Estados del bienestar occidentales.

Además, entendiendo que el neoliberalismo no solo establece un determinado régimen económico, sino que también resulta una forma de gobierno que produce nuevos tipos de sujetos útiles para el mantenimiento del orden socioeconómico, debemos atender también esta dimensión productiva del poder. Para entender esta dimensión, quizás más compleja, podríamos pensar en las atribuciones de "brutalidad" a las mujeres colonizadas, las de sensibilidad y labilidad emocional a las mujeres que cumplían roles de esposas e hijas "blancas" burguesas o las de disponibilidad y deseo sexual "desmedido" de las mujeres pobres. Todas han sido características atribuidas a los cuerpos femeninos que han justificado la explotación, la reducción a seres destinados al cuidado en el hogar o los cierres de las mujeres en el avance del nuevo orden neoliberal de los países del Norte. Debido a que el punitivismo es un elemento clave en el desarrollo de los sistemas neoliberales, también debemos atender este carácter productivo que señalaría que el poder punitivo también elabora conocimientos y saberes respecto a los sujetos que son producidos por las mismas leyes que aseguran representarlos y protegerlos.

Siguiendo este doble análisis, elaboraremos algunas reflexiones que pueden mostrar cómo algunas estrategias políticas y planteamientos teóricos del feminismo, incluso en los marcos de los movimientos de base, reproducen el punitivismo, no solo en cuanto a la puesta en práctica de estrategias claramente castigadoras como los escarnios, las expulsiones, los exilios y las extorsiones hacia aquellos miembros considerados agresores, sino también en cuanto a la forma interpretar la violencia de género y los sujetos paradigmáticos de esta.

A continuación veremos qué rasgos comparten algunas de las propuestas feministas con el punitivismo de los actuales sistemas de control, con el fin poder reflexionar y aportar herramientas para la mejora de nuestras estrategias colectivas de pensamiento y acción política. Es este, de hecho, el objetivo de la presente análisis: plantear algunas bases sobre las que pensar políticas más eficientes y coherentes y no tanto como crítica destructiva, de la que la autora se desresponsabiliza.

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"La declaración antipunitivista que nos esforzamos en hacer, se volatiliza entre la urgencia, el show tanatocrático, el pánico sexual y nuestras propias estrategias ’caseras’ de militancia." (Catalina Trebisacce)

Varios análisis feministas señalan que, sobre todo a partir de los años ochenta, se produce una tendencia a centrar gran parte de las reivindicaciones de las mujeres en la lucha contra las violencias que se perpetran contra ellas. En relación con ello el feminismo tiende, tal y como explica la filósofa Paloma Uría, a una identificación entre opresión, discriminación y violencia, hasta el punto de que llega a entrar en el campo de la violencia toda manifestación de desigualdad a las mujeres. Como apunta también la jurista Tamar Pitch, "violencia" y "femicidio" han suplantado cualquier otro término en el lenguaje feminista, lo que comporta la conocida tendencia a la intervención penal y punitiva y la casi desaparición de otros términos, como "dominación" o "explotación", y las estrategias específicas para combatirlas.

Este uso extensivo del concepto de violencia no solo ha desplazado a otros expresiones de desigualdad hacia las mujeres, sino que también ha supuesto que se llamen violencia actos de reproducción del sexismo, comportamientos molestos con sesgo de género e incluso insinuaciones, miradas u ofrecimientos sexuales no deseados.

Se puede observar esta tendencia en el marco de los movimientos feministas de base en el extremo protagonismo que tiene la denuncia de la violencia contra las mujeres y los lemas y consignas que apuntan a la totalidad de los hombres como enemigos del feminismo, sospechosos habituales, cuando no potenciales agresores. En contraposición, las movilizaciones en defensa de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales o las trabajadoras domésticas, las luchas contra la explotación laboral, la brecha salarial, la dificultad de acceso a la vivienda de mujeres pobres, racializadas o trans o la represión policial de personas activistas o colectivos estigmatizados reciben mucha menos atención y esfuerzos y los medios de comunicación las tienen mucho menos en cuenta.

Esta "extensión" del concepto de violencia de género ha servido para aumentar la sensación de riesgo y peligro en las mujeres tanto en su vida cotidiana cómo, especialmente, en su relación con los hombres y el uso del espacio público. Se produce una especie de pánico moral, el pánico sexual, que supone una sobredimensión de los riesgos sexuales atribuidos a las acciones de individuos o grupos concretos que conduce de forma irremediable al irracionalismo y el conservadurismo.

La emergencia de una nueva cultura de control del delito en el neoliberalismo se ha caracterizado por la lógica preventiva, el encarcelamiento masivo y la estigmatización de determinados grupos sociales considerados potencialmente productores de riesgo en contraposición con el sujeto paradigmático neoliberal, el "hombre empresario de sí mismo". Estos individuos o grupos supuestamente productores de riesgo se definen en base a criterios racistas y clasistas y, como se les señala como los causantes de la creciente inseguridad de la población, se aplica sobre sí una política de tolerancia cero hacia sus conductas, que serán más perseguidas y más penadas. Por otra parte, las proclamas diestras de tolerancia cero ante el delito actúan en menor medida contra individuos exitosos o contra empresas contaminadoras o explotadoras. Esto pone en marcha la conocida tendencia altamente selectiva del sistema punitivo estatal, que actúa prioritariamente persiguiendo y castigando con mayor dureza los delitos que más cometen las personas pobres o de clases estigmatizadas. Todo esto oculta que las verdaderas causas de la creciente inseguridad individual y social se derivan más bien de las privaciones, la pobreza, la falta de acceso a la vivienda, la disminución de derechos laborales, sociales y civiles, etcétera, fruto de un consolidado capitalismo especulativo y extractivista, que no de las acciones individuos o grupos particulares.

Cuando determinadas estrategias feministas olvidan el carácter estructural de las violencias de género y centran sus intervenciones en individuos concretos que son, muchas veces, parte de las comunidades políticas y afectivas de la propia víctima, o cuando definen a la totalidad del grupo de los hombres como potencialmente productores de riesgo, reproducen las formas en las que se desarrolla el control punitivo en los marcos estatales del neoliberalismo. Esta particularización del riesgo, típica del sistema penal, extrae el conflicto de su marco comunitario, contrapone los intereses de la víctima a los de la persona que agrede e incluso los ensalza por encima de los intereses de la comunidad de la que forma parte. Se despliega entonces el carácter atomizador de los sistemas neoliberales que no hace más que incrementar la sensación de soledad, desarraigo y, por tanto, de riesgo.

Se derivan las causas del riesgo hacia lo que no cuestiona el funcionamiento de una determinada economía política, es decir hacia los hombres particulares en cuentas de cabeza a las condiciones de vida precaria en las que nos hace vivir el régimen neoliberal, lo que alimenta la cultura de la urgencia y la emergencia. De la al igual que el populismo punitivo se deriva del irracionalismo que provoca el miedo al delito y justifica políticas punitivas como el aumento desmedido de penas, las medidas de seguridad o el control preventivo, las proclamas de «emergencia feminista» justifican cualquier medida individual o colectiva sin valorar su coste, eficiencia o conveniencia. Ante análisis poco rigurosos que apelan a la emotividad mediante lemas como "nos matan", se activa la cultura de la emergencia y la excepcionalidad que avala la aceptación y reiteración de las normativas en busca de una supuesta seguridad perdida y, por tanto, la aceptación del punitivismo como mal menor conocido y de más rápida aplicación. Aunque tanto la sociedad civil como los responsables políticos son conscientes de la ineficiencia de las instituciones punitivas estatales por controlar el delito, como ha explicado David Garland, en los actuales sistemas de control neoliberales se tiende a negar la evidencia oa aceptarla en a través de un giro simbólico en el que se abandona la posibilidad de ir a las causas del delito y se enfocan las acciones para expresar la rabia, la angustia y el odio que el delito provoca. Asimismo, el abordamiento de las violencias de género por parte de algunos feminismos pivota entre estos dos extremos: o bien se acepta el punitivismo como un "algo hay que hacer", con el consiguiente reforzamiento de la cultura punitiva, o bien se abandona la investigación y el análisis racional y sosegado de las causas de la violencia por una política expresiva en la que las muestras de rabia y venganza se convierten en el eje central de la propuesta. Esto tiene efectos devastadores no solo en la salud emocional de las activistas y las víctimas, sino también sobre la continuidad de una propuesta emancipadora y liberadora como el feminismo, que acaba instaurándose en la impotencia frente a la transformación social y el cambio.

Es desde ese lugar de impotencia desde el que muchas veces el feminismo termina centrando sus estrategias políticas: o bien la demanda de la protección estatal y el refuerzo del sistema penal, o bien la reproducción de la cultura del castigo. El refuerzo del punitivismo de algunos feminismos no se limita únicamente a las propuestas de un feminismo carcelario y que pide protección en el sistema coercitivo estatal. La cultura del castigo impregna muchas de las propuestas políticas feministas porque reproduce sus lógicas de individualización de un problema social, de simplificación del objetivo, de radicalización y de «enriquecimiento» del conflicto o la lógica amigo-enemigo (Nuñez, Lucía).

De este modo, encontramos propuestas políticas que apelan a el endurecimiento de los delitos de odio, las demandas de más penas o más delitos ante los agravios cometidos contra las mujeres o personas disidentes cuánto en el género con el reforzamiento del sistema penal, ejecutor de las principales violencias hacia las partes más vulnerabilizadas y transgresoras de los colectivos a los que pretendemos proteger. Pero también encontramos propuestas políticas que, apelando a la autogestión de los conflictos, desarrollan estrategias para combatir la violencia de género como los exilios, las expulsiones, las extorsiones por reconocerse como agresores, las denuncias públicas sin garantías o las "terapias reparadoras" supervisadas. Esto sin entrar en esos lemas o campañas que promueven la eliminación física o la amputación de las personas que agreden. Creo que es importante evaluar de forma crítica y rigurosa estas estrategias que no solo reproducen las técnicas de represión de los sistemas penales, sino que además no logran poner fin a las violencias, empeoran la calidad ética de nuestras propuestas, renuncian a la transformación, destruyen las comunidades y acaban afectando de forma más negativa las partes más marginadas y con menos recursos de estas comunidades. Con esto no quiero decir que algunas de estas propuestas no puedan ser necesarias en determinadas circunstancias, como por ejemplo cuando quien ha agredido reincide en la conducta, se ha producido una agresión grave y no existe la intención de hacer reparación, o cuando con todo esto se pone en riesgo grave a la víctima oa la comunidad. Ahora bien, no todo vale y en los casos en que colectivamente se valore necesaria una acción de tipo punitivo, debe ajustarse a los valores del mínimo necesario, no renunciar a acompañar a quien agrede y partir de la idea de que se actúa contra los efectos de la violencia pero no contra sus causas.

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"Nosotros hemos experimentado los estragos subjetivos que provoca una pedagogía del miedo, la vergüenza y el exilio, por lo que debemos ser muy curiosxs a la hora de reforzar este tipo de políticas transformación de los sujetos." (Virginia Cano)

Una de las críticas menos visibles en el punitivismo es la que hace referencia a cómo este construye los sujetos a los que dice representar y proteger. Las leyes penales no solo hablan de sujetos que preexisten en su propia enunciación, sino que principalmente funcionan como tecnologías de género, es decir, construyen feminidad y masculinidad normativas. Uno de los ejemplos más claros de este carácter productivo es la construcción de una identidad de víctima en la cual se exige el cumplimiento de la normativa hegemónica de la feminidad por ser reconocida como tal, con la consiguiente identificación de la categoría de víctima en los cuerpos de las mujeres. La racionalidad neoliberal se conjuga cada vez más con lo que Brown denomina la racionalidad neoconservadora, que «predica las virtudes de la familia y el sexo tradicional y promueve una heteronormatividad de características no tan diversas a la de un cierto feminismo: no violencia, bondad, etcétera». Una de las características de los sistemas de control neoliberales es la reaparición de la víctima como actor individual que se invoca con frecuencia para justificar medidas de tipo punitivo en defensa de los suyos supuestos intereses. Las víctimas reivindicadas son aquellas que avalan la reproducción de los valores de la feminidad hegemónica, con el conocido rechazo a las víctimas con relatos o experiencias diversas o con feminidades transgresoras, y la privación de derechos de los que deberían ser merecedoras, al margen de su calidad moral o su afinidad con la norma.

Lamentablemente, algunos feminismos reproducen este enaltecimiento de las víctimas y los valores normativos que se les asignan. El logro de más hegemonía de algunos feminismos contribuye a que se conviertan en una máquina de producir conocimiento normativo en cuanto a lo que significa ser una buena persona, tener un buen sexo, tener una relación saludable, etc. Debido del uso expansivo del concepto de violencia, del que hemos hablado con anterioridad, incumplir las normativas sexuales de estos feminismos te convierte rápidamente en infractora o en víctima, y la criminalización y la victimización es un binomio que funciona no solo entre hombres y mujeres, sino también entre las propias mujeres. De hecho, calificar como agresión cualquier acto sexual no consentido, sea de la intensidad que sea, como por ejemplo una mirada, una insinuación o reiteración sexual, establece a las mujeres como seres vulnerables, hipersusceptibles y sexualmente inapetentes y temerosas. Estas características constituyen la condición necesaria para la emergencia de un nuevo sujeto víctima imprescindible para el uso expansivo del sistema penal y las lógicas punitivas en nuestros contextos de militancia, pero al mismo tiempo se condenan las mujeres en lugares de impotencia desde los que es difícil que sean protagonistas de los tan necesarios cambios personales, sociales y económicos. Se acaba, por tanto, produciendo el efecto contrario de lo que se pretendía, ya que al normativizar la sexualidad de acuerdo con unos supuestos valores feministas se modelan las experiencias sexuales pero también la vivencia del propio cuerpo y las intromisiones ilegítimas a lo mismo. Las nuevas imposiciones normativas del feminismo respeto a la sexualidad y la violencia favorecen la exclusión de la protección y la sospecha sobre las víctimas incorrectas y refuerzan los valores normativos de la sexualidad femenina que están en la base de la opresión.

Por otro lado, y desde el punto de vista del acompañamiento a la recuperación de las víctimas, este hecho resulta también dramático y terriblemente contraproducente. La experiencia de la violencia y cómo las propias víctimas la interpretan y viven tiene mucho que ver con los discursos disponibles respecto a la sexualidad y la concepción de los cuerpos de las mujeres. Por tanto, los discursos que promueven una visión sacralizada de la sexualidad femenina y establecen que la más mínima intromisión u ofrecimiento sexual es una agresión favorecen el desarrollo de una identidad vulnerable, infantilizada e hipersusceptible solo apta para aquellas mujeres que pueden permitirse establecerse en puestos de impotencia para tener la vida solucionada. El modelado de las experiencias de la violencia que el feminismo está haciendo provoca efectos perversos en las mujeres menos privilegiadas, ya que al asumir los significados de pasividad, irresponsabilidad, irracionalismo e infantilismo, se las disciplina en función de los intereses de las mujeres de las clases dominantes, pasando por alto que las mujeres pobres, racializadas, trans o en situaciones más vulnerables no dispondrán de las mismas prerrogativas ni reconocimientos que las mujeres blancas, heterosexuales, autóctonas o de clases medias burguesas. De hecho, incluso en el marco de los feminismos de base, muchas veces se abandonan al final del proceso mismas víctimas a las que se ha animado a hacer visible su caso ya quien se ha empujado a hacer interpretaciones dolorosas e incluso exageradas de su experiencia, precisamente porque se ha contribuido a alimentar la exigencia y la inmovilidad en el sitio de la víctima. Lo que en un principio tiene un uso que da sentido a la propia existencia política y en las prácticas más extremas y punitivas acaba siendo molesto para las personas que sacaban un rédito político de la víctima, que ha pasado a ser una compañía incómoda a causa del dolor y el irracionalismo que nos hemos encargado de fortalecer y eternizar al convertirlo en un hecho identitario que le da legitimidad y existencia.

Además, los significados atribuidos a la categoría de víctima, según los cuales estas son seres bondadosos, sinceros e irresponsables, moralizan la cuestión de obtención de derechos que deberían basarse en causas objetivas y no en la virtuosidad de las mujeres que reciben ataques. Además, esta defensa de la virtud y la superioridad moral de las víctimas niega otras complejidades, como la realidad de las denuncias falsas que, pese a ser poco numerosas, existen. La negación de esta realidad por parte de los feminismos deja la interpretación del fenómeno en la extrema derecha, especialista en destacar y aprovechar las faltas de rigor de algunos de estos movimientos.

En contraposición, las personas que agreden son tratadas por parte de algunos movimientos feministas al igual que lo hace el sistema coercitivo estatal, principalmente entendiendo que proteger y defender los intereses de la víctima debe ir de la mano de castigar, odiar o pasar por alto los derechos o garantías de quien agrede. Las personas que agreden son visualizadas como enemigas y cuesta entender que sus actos pueden ser de naturaleza diversa, es decir, pueden ser puntuales y no repetirse, pueden ser reiterados, pueden ser fruto de factores diversos de configuración de la subjetividad y no solo causados por el afán de dominación masculina, que pueden producirse a causa de los malestares derivados de formar parte de colectivos estigmatizados o castigados, o como respuesta a la impotencia oa otras violencias vividas. Entender esta complejidad no supone la desresponsabilización de quien agrede, como en ocasiones se quiere hacer entender, sino que implica el rigor de los análisis para acertar las estrategias políticas que hay que diseñar para prevenir y reparar la violencia en los marcos de nuestras comunidades políticas y afectivas.

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"Un feminismo que trabaja para ampliar la nuestra capacidad de agencia, nuestro poder de decisión, que apuesta por ampliar los márgenes estructurales e individuales de libertad y seguridad para las mujeres, pero sabiendo que la vida es insegura y que la seguridad total es imposible y puede ser contraria a la libertad." (Cristina Garaizábal)

Como decíamos al principio, todo ello contribuye a la falta de análisis estructurales de la violencia sobre los que basar el diseño de nuestras estrategias políticas. La tendencia punitiva al particularismo, la atomización y la destrucción comunitaria son fruto de un feminismo esencialista e identitario que exige unidad y fidelidad a los axiomas internos que más benefician a las partes más privilegiadas del grupo de las mujeres y de las personas diversas con respecto a los géneros. Situado en la inmovilidad y en la imposibilidad de crítica interna, este feminismo establece la censura y las acusaciones de complicidad con el "enemigo" como estrategias para neutralizar a las personas que disienten de las posturas más hegemónicas. Todo ello no solo acaba justificando las purgas internas y excluyendo a las partes más vulnerabilizadas del grupo de «mujeres», como las trabajadoras del sexo o las mujeres trans, sino que además se acaba sosteniendo mensajes, lemas y análisis no solo poco rigurosos sino casi ridículos. Esto, añadido a los juicios sumarios sobre las vidas de las y los compañeros a causa del abandono de las luchas estructurales y transversales en pro de un feminismo como "forma de vida", tiene como riesgo la pérdida de la potencia transformadora de algunas de las estrategias del feminismo.

Como dice la filósofa argentina Moyra Pérez, "personalmente me interesa más pensar en cómo sería un sistema de justicia organizado en torno a la equidad y la justicia social para todas las personas, más allá de su género, pero teniendo en cuenta el género como un factor -entre otros- de injusticia y opresión". Es desde este lugar desde donde pensar un movimiento emancipador, del que formen parte las estrategias feministas junto con las de otros movimientos específicos. Una fuerza colectiva que, como dice Núria Alabao, pueda sumar las luchas en marcha, no solo aquellas en defensa de la libertad sexual y de género, sino también las que se articulan a partir de la redistribución de la riqueza y el desafío a las fuerzas neoliberales.

No podemos permitirnos contribuir lo más mínimo a reforzar instituciones reaccionarias y causantes de violencias y privaciones hacia las personas menos privilegiadas. Esta necesidad se hace más evidente cuanto más diversas son las nuestras comunidades y más conciencia tomamos de quien dejamos por el camino cuando defendemos determinadas configuraciones políticas. Es por ese motivo que muchas de nosotros defendemos sin tapujos la organización de acuerdo a los objetivos políticos compartidos, pero revalorizando el compromiso ético y político y la solidaridad por encima de la identidad politizada.


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Laura Macaya Andrés

Activista feminista, especialista en diseño de políticas públicas en materia de violencias de género. Co-autora de "Alianzas rebeldes. Un feminismo más allá de la identidad", Bellaterra Ediciones, Barcelona, 2021.