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La Izquierda Diario
17 de mayo de 2022 Twitter Faceboock

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
Qué mantiene y qué deroga la reforma “progresista” de la Ley Mordaza
Juan Carlos Arias | @as_juancarlos

La rebelión de las organizaciones policiales y de guardias civiles JUPOL y JUCIL, junto al PP, Vox y Ciudadanos, contra los cambios del Gobierno a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’, quiere preservar la impunidad de las fuerzas represivas. Porque lejos de la derogación prometida en campaña electoral, la reforma acordada por el PSOE y Unidas Podemos apenas maquilla una ley completamente liberticida.

Manifestación contra la reforma de la Ley Mordaza en Madrid. Getty

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En un reciente comunicado, la Plataforma No somos Delito, señala que después de dos años de retraso para llevar adelante el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, por fin se ha formado la Comisión de Interior destinada a derogar la Ley Mordaza. Sin embargo, la realidad es que no se trata de una derogación, sino más bien de eliminar los aspectos más lesivos de la norma, y ni siquiera llega a eso. Es una reforma “descafeinada y poco garantista”, denuncian desde la plataforma.

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El Gobierno mantiene esta ley porque en el contexto de crisis social generada por la crisis pandémica, con una economía lastrada en su crecimiento por los cuellos de botella de los suministros de las cadenas de valor y con unos índices de precariedad y pobreza social disparada, las protestas sociales y la lucha de clases pueden volver a emerger con fuerza. Así lo estamos viendo de hecho con una verdadera oleada de huelgas obreras que recorren todo el Estado.

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Ante una situación social que puede ser explosiva, el Gobierno no va a renunciar a ejercer la represión de la protesta social con el menor de los límites posibles. Algo que se ha visto claramente en la represión de la huelga general del metal en Cádiz, cuando no ha dudado en enviar tanquetas policiales y una gran cantidad de efectivos de las fuerzas antidisturbios que se han hinchado a lanzar pelotas de goma y gases lacrimógenos.

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Derecho a la manifestación espontánea

En su comunicado, No somos Delito destaca como algo favorable que la reforma planteada recoja el derecho a la manifestación espontánea, incorporando así la jurisprudencia reiterada del Tribunal Superior de Derechos Humanos. Sin embargo, lo cierto es que queda bastante limitado este derecho, aunque resulta algo más abierto con la reforma, dado que se abre la posibilidad de la manifestación espontánea sin comunicar: “cuando el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora” y “siempre que no se cause violencia o alteración del orden público”.

De modo que, aunque parece que a partir de ahora la carencia del trámite de comunicación no va a impedir la libertad de manifestarse espontáneamente, sin embargo, establece en la tipología del tipo de manifestaciones determinados aspectos poco concretos y muy subjetivos (“acontecimientos con indudable repercusión social que no admita demora”) que podrán ser evaluados previamente por la autoridad competente. Lo que podrá acarrear problemas de sanciones administrativas cuantiosas para aquellas convocatorias que pese a su espontaneidad no se ajusten a estos principios.

“Identificación, cacheo y registro”

Otro aspecto que entienden es positivo es que “se establecen medidas para tratar de delimitar las prácticas policiales más abusivas en materia de identificación, cacheo y registro”. Aquí, sin embargo, la mejora también adolece de muchos límites. No solo porque no existe ningún control efectivo de lo que sucede en las comisarías de puertas para adentro, han existido múltiples denuncias por supuestos malos tratos a detenidos en comisarías -sobre todo respecto de las actuaciones de los Mossos durante todo este período, pero también de otros cuerpos policiales- sino porque aunque se ha reducido el plazo de detención por negarse a identificarse de 6 horas a 2 horas, es evidente que es muy excesivo que solo porque supuestamente te hayas negado a identificarte, la policía necesite 2 horas para “hacerte entrar en razón”. Pero es que además todavía se sigue permitiendo la detención de las 6 horas en casos “excepcionales y justificados”. La vieja táctica legislativa de que lo que se da con la mano izquierda, se recupera con la derecha. Eso sí, la nueva norma, y esto ha encabronado especialmente a los policías, les ha parecido el sumum, los detenidos han de ser devueltos por la policía al lugar en el que fueron detenidos.

Algo similar ocurre con los cacheos, tocamientos y todo tipo de ultrajes a los que son supuestamente sometidos, sobre todo población más vulnerable como los y las migrantes, en muchas de las detenciones. Todo son planteamientos condicionales: “se procurará hacerlo en lugar reservado y fuera de la vista de terceros”, como si esto fuera una garantía de no sufrir vejaciones en comisaría.

Uso de material antidisturbios

Dentro también del ámbito de la actuación policial hay un apartado concreto para la utilización agresiva y violenta del material antidisturbios, después de múltiples casos de actuaciones infames de la policía con pérdidas de globos oculares de manifestantes. Aquí la redacción que ofrece la propuesta del Gobierno “progresista” no puede ser más cínica y lamentable. Dicen que “las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos de acuerdo con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos (..)” Si alguien ve aquí que se esté prohibiendo el uso de pelotas de goma, por ejemplo, es que todavía cree en los Reyes Magos de Oriente.

Sobre el “uso no autorizado de imágenes”

Respecto de lo que se calificó como “uso no autorizado de imágenes o datos profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes”, para justificar la impunidad absoluta en la actuación policial al ser considerada infracción grave. Ahora, aunque “no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión”, el nuevo texto abre la puerta de la trampa para incautos y añade: “no obstante, se considerará infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar”. Cerrando así, de nuevo, el círculo perfecto de la impunidad policial en su actuación y la limitación enorme a la defensa al seguir siendo muy arriesgada la grabación de los hechos acaecidos, puesto que se sigue sin las garantías necesarias para no ser detenido y acusado por ello.

“Veracidad policial”

La veracidad policial ha sido otro de los factores más represivos de la Ley Mordaza de Rajoy y que también termina permaneciendo incólume, tras una digresión lingüística sin consecuencias eficaces para limitar esta prerrogativa policial en la reforma planteada. Reciente el caso del ya ex diputado Alberto Rodríguez condenado por una supuesta agresión a un policial y cuya condena se ha basado exclusivamente en el testimonio policial. Pues bien, las enmiendas previstas mantienen negro sobre blanco el espíritu del artículo 19.2 aunque ahora se añadan términos absolutamente subjetivos que aseguran la inmanencia de la veracidad policial, al indicar que se le dará toda la verosimilitud si lo manifestado por la policía “resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario”. Es decir, la carga de la prueba es tuya y tienes que tenerla, cuando ni siquiera se podrán tomar imágenes con total libertad.

Sanciones por infracciones según la “capacidad económica del manifestante”

También se plantea una ligera mejora de las sanciones o multa por infracción pasando a tenerse en cuenta la capacidad económica del manifestante. Además, parece que se ha concretado una reducción del 50% para los que cobren menos de 1,5 veces el salario mínimo y un 25% para los que cobren entre 1,5 y 2,5 veces el SMI. Más allá de que esto parecen auténticas rebajas de saldo, no deja de ser insultante y un acto de cinismo sin límites pretender que una rebaja en sanciones que podían llegar en su tramo máximo a la módica cantidad de 600.000 euros. Es decir, que, si eres prácticamente poco más que un mileurista, los salarios son en bruto, tendrás la suerte de que la multa se te pueda quedar en tan solo 300.000 euros.

Una nueva Ley Mordaza versión “progre”

Resumiendo, y tal y como se señala desde “No Somos Delito”, van a continuar perseguidas las libertades de “expresión y reunión, manifestación e información”, con el proyecto de reforma del Gobierno “progresista”. Siendo que las libertades ciudadanas son “amordazadas, al mantener las infracciones más utilizadas para desmovilizar la protesta como la del art 36.6 que sanciona la desobediencia o la negativa a identificarse, o la falta de respeto a agente de la autoridad (art. 37.4), auténtico cajón de sastre de la arbitrariedad policial”.

Todo esto, teniendo en cuenta de que se mantienen la inmundicia legal de las devoluciones en caliente o sumarias de los migrantes que se han sacado de la reforma, lo que ha aceptado Unidas Podemos tragando un enorme sapo político más, para llevarlo a la futura ley de extranjería. Algo, además que ha mantenido bloqueada la modificación de la Ley Mordaza por parte del ministerio del Interior de Marlasca, después de más de seis años de vigencia, y con su masiva utilización durante los estados de alarma con cientos de miles de multas amparadas en esta ley liberticida del PP.

Las manifestaciones de las organizaciones de la Policía y la Guardia Civil contra la reforma, apoyados por PP, Vox y Ciudadanos, solo buscan preservar la impunidad de las fuerzas represivas, puesto que la reforma de la Ley nos les quita ninguna prerrogativa real en el uso de la fuerza indiscriminada que les otorgó la Ley Mordaza de Rajoy, acompañado de las reformas del Código Penal que cerró el círculo legal de la represión y la criminalización de la protesta social.

Es necesario plantear un programa de movilizaciones y luchas en la calle en favor de las libertades ciudadanas cercenadas por esta “democracia blindada”, protegida con la policía, con leyes mordaza, con la criminalización de los que luchan, la cárcel a dirigentes políticos opositores como en Catalunya, la persecución a periodistas críticos, raperos, tuiteros y donde solo deciden unos pocos, los dueños del poder.

Es necesario luchar por defender todos los derechos democráticos mutilados en el actual régimen, empezando por la abolición de la Ley Mordaza y la libertad y el fin de los procesos judiciales a todas y todos los procesados y presos por luchar. El Régimen del ‘78 preservó intacto, con total impunidad, todo el aparato represivo de la Dictadura.

Por ello, quienes hacemos Izquierda Diario, la CRT, luchamos por la disolución de todos los tribunales y legislación de excepción como las Leyes Antiterroristas o la Audiencia Nacional; por terminar con el actual régimen penitenciario y las cárceles para pobres; por el juicio y castigo a todos los criminales de la dictadura que siguen vivos y los que han seguido maltratando, torturando y asesinando en democracia; así como por una ley de memoria histórica desarrollada por las víctimas de la represión franquista. En perspectiva, luchamos por la discolución de todos los cuerpos y fuerzas represivas.

 
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